Obra pública
Participación pública privada: ¿“a la chilena”?
Javier Milei propone implementarla a pesar de que la ley de Participación Público Privada existe desde 2016.
"No hay Plata"
La sentencia del presidente electo que alarmó a trabajadores y empresarios de la construcción, amenazando con detener la obra pública en Argentina para pasar al "sistema a la chilena", puede entenderse como una presión política para que la herramienta jurídica, ya existente, tenga mayor preponderancia en los porcentajes de financiamiento de la obra pública que en la actualidad.
Ni en Chile ni en ningún país del planeta existe un financiamiento de la obra pública mediante la iniciativa público-privada en su totalidad, menos aún en el país trasandino.
Chile “a la chilena”
El presupuesto 2024 prevé un aumento en la inversión pública que se consolida en el 4,1% del PIB, con un crecimiento del 10,2% con respecto a 2023, incluido un fuerte aumento de la inversión estatal en vivienda social del 11.9%. La inversión público-privada, para el mismo presupuesto, no supera el 17% de la obra pública.
En las tres décadas que lleva la implementación del modelo, se concretaron 110 contratos, de los cuales 52 han sido de autopistas, 15 hospitales, 26 de aeropuertos y cárceles, 4 de presas y 11 en obras como el Movistar Arena o el Centro Cultural Palacio de La Moneda. Todo esto implicó una inversión de aproximadamente 30 mil millones de dólares, según los números del propio Ministerio de Obras Públicas.
Participación Pública Privada en Argentina
El estreno de la Participación Pública Privada, desde 2016 a la fecha, en nuestro país, resultó un fracaso que difícilmente puede vincularse al modelo, sino a las condiciones macroeconómicas en general y la intermediación de la pandemia en particular.
Los contratos celebrados en el marco de las PPP formaban parte del Proyecto de Red de Autopistas y Rutas Seguras e incluían 6 contratos con la modalidad PPP, que fueron rescindidos por mutuo acuerdo entre el Estado y las concesionarias, apenas 3 años después de haberse celebrado, con una ejecución de apenas el 2%, y con un nuevo gobierno en la Casa Rosada.
El interés de capitales externos en la primera etapa del Programa PPP RARS no fue significativo, pero resultaba prometedora debido a la rapidez con la que se armaron las ofertas y los proyectos. Tampoco fue despreciable teniendo en cuenta el poco tiempo que hubo para la preparación de las ofertas y que, al ser la primera etapa de un total de tres, hubo empresas que prefirieron esperar a las siguientes. Es difícil determinar lo que podría haber ocurrido sin la crisis fiscal y económica que comenzó en abril de 2018.
Importante es determinar que ese riesgo acompaña el ritmo de nuestro país desde hace décadas en cuanto a la incertidumbre, lo cual opera como un impedimento a la hora de las empresas de la construcción de obtener financiamiento.
Historia de la inversión privada-pública en Santa Fe
Salvando las distancias históricas y de contexto, se puede decir que la primera experiencia de Iniciativa privada en la construcción de infraestructura se dio en el norte de Santa Fe a través de La Forestal S.A. explotó los bosques santafesinos de quebracho desde 1906 hasta 1963. Fundó 40 pueblos con todos sus servicios, tendió 400 km de rieles, construyó 2 puertos de ultramar y llegó a tener 20.000 empleados.
Más allá de las perspectivas disímiles, la empresa trasnacional financió la totalidad de la infraestructura ferrovial y fluvial de comunicación, creó su propia moneda, su propia estructura sanitaria y educativa. Con su sede central en Londres, a 11.000 km de distancia, La Forestal S.A. supo organizar la explotación e industrialización del quebracho, en momentos en que el Estado nacional y provincial se conformaban a un ritmo más lento que el de las urgencias productivas del privado británico.
A los efectos de esta nota, importa destacar, la experiencia más importante en la Argentina de inversión privada en lo público, lejos del juicio de valor apenas podemos sumar que fue el Estado quien no supo aprovechar la logística ociosa y reestructurar la matriz productiva de una región con enorme potencial productivo.
Hoy, aquí y ahora
Tanto la ley provincial Nº 12518, de 2006 como la ordenanza N° 11.852 de la ciudad de Santa Fe, sancionada en 2012, regulan los respectivos regímenes de Iniciativa Privada para la obra pública, cuya herramienta jurídica busca "promover, formular, canalizar y ejecutar adecuadamente proyectos provenientes del sector privado, atinentes a obras, trabajos, actividades o servicios de interés público".
En la ciudad de Santa Fe, bajo esta legislación, se promovió y ejecutó el proyecto privado de carácter público para la construcción y explotación de cocheras semi-subterráneas en el espacio público de la Plaza Alberdi. El financiamiento de la obra fue, enteramente, privado, con una concesión a 30 años que presupone el recupero de la inversión del privado durante dicho lapso. Pasada la concesión, la obra pasa al patrimonio del municipio de manera automática.
La esperanza es lo primero
Como conclusión y más allá de las alarmas que se encendieron a partir de las declaraciones tajantes del presidente electo, Javier Milei, cabe señalar que los límites institucionales de la legislación en materia de obras públicas y la necesaria confianza a depositar en quien aún no ha asumido su función conllevan la esperanza de que las transformaciones venideras dinamicen el crecimiento de la infraestructura productiva del país, con herramientas de financiamiento que resuelvan la falta de inversión.
El futuro de la obra pública en la provincia
https://www.youtube.com/watch?v=TL-WUwxfMJw&ab_channel=SolPlay91.5
Entrevista completa a Lisandro Enrico
El próximo Ministro de Obras Públicas de Santa Fe, destacó en una entrevista con Notife Radio (Sol Play y CYD Litoral) la difícil situación que enfrenta la obra pública, principalmente debido a la dinámica inflacionaria y las contingencias climáticas tras cuatro años de sequía. Enrico también alertó sobre la idea de frenar la obra pública, anunciada por el presidente electo, lo cual añadiría dificultades a la planificación en el área.
En cuanto a la gestión de recursos, Enrico enfatizó que la prioridad del gobernador Pullaro es un Estado eficiente y transparente. Se plantea abordar importantes temas, como la conexión vial con las autopistas, a pesar de los desafíos presentes.
La iniciativa público-privada se presenta como una opción para atraer inversiones, permitiendo a empresas o particulares invertir en obras públicas y recuperar esa inversión con un interés. Sin embargo, Enrico señaló que no todas las obras garantizan un alto nivel de recuperación económica. Obras que incrementan la productividad, como la potenciación energética o la construcción de caminos con peajes, pueden tener posibilidades de recupero directo, mientras que otras, como la construcción de hospitales o acueductos, dependen del respaldo del Estado.
En referencia al acueducto San Javier – Tostado, una de las obras más costosas, Enrico destacó que el Estado puede llevar a cabo este tipo de proyectos como parte de un plan integral para potenciar una región con alta capacidad productiva. En cuanto al panorama nacional, expresó su confianza en las declaraciones del presidente electo, que apuntan a la voluntad política de racionalizar el gasto y ejercer mayor control administrativo en la obra pública para que cada peso invertido contribuya al desarrollo económico y productivo de Argentina. Además, Enrico subrayó la importancia de combatir la corrupción que atraviesa la gestión de la obra pública.
