Ley Ómnibus
Milei propone privatizar 41 empresas públicas, incluyendo YPF y Banco Nación
El proyecto pone a la venta al sector privado las empresas públicas.
En un movimiento sorprendente, el presidente Javier Milei ha enviado un proyecto de Ley Ómnibus al Congreso que incluye la privatización de 41 empresas públicas, entre ellas YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de la Nación Argentina, Ferrocarriles Argentinos y la agencia de noticias Télam.
Este proyecto, denominado 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', establece la venta al sector privado de estas empresas en base a "la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales". Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es "generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas".
En el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, se declara "sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal". Esto faculta "al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada".
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El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, publicado la semana pasada, sienta las bases para esta privatización al modificar el "status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades". Este DNU, objeto de varios amparos judiciales en su contra, entrará en vigencia en los próximos días.
Javier Milei ha defendido esta medida desde antes de asumir la presidencia, calificando a las empresas estatales como "generadoras de déficit". Las 41 empresas públicas sujetas a privatización incluyen entidades como Administración General de Puertos, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Casa de Moneda, Energía Argentina (Enarsa), y Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Esta propuesta ha desencadenado un debate acalorado sobre el papel del Estado en la economía y la posible afectación de servicios esenciales. Con incertidumbre en el horizonte, la atención se centra en el Congreso y en cómo se desarrollarán los próximos pasos en esta controvertida iniciativa.
