El RIGI en el centro de la polémica
Las Pymes argentinas solicitaron que las igualen con los grandes inversores
El gobierno central no está dispuesto a ceder incentivos al estilo kirchnerista. Pero necesita adhesiones para que el Senado vote -con cambios- la ley de Bases.
Varias organizaciones Pyme de la Argentina salen a la cancha pública a reclamar al gobierno de Javier Milei que en la ley de Bases se incluyan medidas regulatorias a que no están en el plan del gobierno libertario. La excusa es el tratamiento preferencial -incluido en la ley de Bases- del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
La iniciativa con media sanción en Diputados solo incluye proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a US$200 millones, a los que se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. El argumento oficialista es que se trata de inversiones que maduran a largo plazo. En el gobierno señalan que luego las grandes inversiones fortalecen las actividades de pequeñas y medianas empresas, como sucede con las metalmecánicas santafesinas reconvertidas como proveedoras de Vaca Muerta o incluidas en el programa de Techint.
"Si bien apoyamos decididamente la creación de mecanismos para atraer inversiones, también nos interesa que tengan un impacto positivo en los encadenamientos locales y que apuntalen las capacidades productivas de Argentina", apunta el comunicado difundido por la Federación Industrial de Santa Fe. La entidad que preside Javier Martín adelantó los planteamientos que incluyen un plan de inversiones que "debería considerar parámetros sobre objetivos deseables como la localización de proyectos en áreas de menor desarrollo relativo; la compra de bienes de capital e insumos nacionales que motive el desarrollo de proveedores; el aumento progresivo de las exportaciones; y la generación de empleo directo e indirecto".
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Guillermo Francos y "Lule" Menem fueron los negociadores del gobierno ante los cambios que pretende la "oposición dialoguista". Fue Martín Lousteau (UCR) quien planteó cambios al RIGI, además de condicionalidades para que el blanqueo no beneficie a funcionarios o a los que entraron con la anterior versión del gobierno de Macri. Eso y la incorporación de un régimen de jubilaciones que se anteponga a la versión que analiza Diputados en comisiones, a instancias del PJ.