La Fiscalía de Brasil acusó al líder de Diputados por corrupción y lavado
Es Eduardo Cunha, del partido PMDB, aliado del PT. Los cargos se basan en la denuncia del empresario Jorge Camargo, quien está bajo arresto y confesó que el legislador le había pedido una coima de US$ 5 millones.
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, será acusado hoy formalmente por los delitos de corrupción y lavado de dinero. La denuncia, que será presentada por el procurador general Rodrigo Janot ante la Corte Suprema, se basa en el relato de un empresario arrepentido, Julio Camargo, y de pruebas enviadas por fiscales de Suiza que revelaron cuentas secretas donde se depositó dinero de coimas al legislador.
Cunha recibió 5 millones de dólares por “facilitar” contratos con Petrobras a dos empresas, Mitsui y Samsung Heavy, por el alquiler de dos plataformas de exploración a Petrobras. Según dejaron trascender los investigadores del caso a la prensa brasileña, fue “fundamental” la cooperación de Suiza para obtener las pruebas contra el parlamentario.
Los documentos en mano del fiscal general Janot son extractos bancarios que revelaron quiénes eran los beneficiarios del “dinero ilegal” enviado al exterior a través de operaciones realizadas por un cambista detenido por el juez federal Sergio Moro. Los fueros del congresista obligan a llevar la causa al Supremo Tribunal Federal (STF), que deberá juzgar el caso.
El diputado llegó a la presidencia de la Cámara Baja en febrero último por una combinación de factores: pertenece al PMDB, partido que integra la coalición oficialista y al cual también pertenece el titular del Senado; y además, logró montar una campaña para su elección en el máximo cargo en la que tuvo apoyo de amplios sectores de la oposición.
La personalidad del legislador lo llevó a convertirse en enemigo declarado del gobierno de Dilma Rousseff: rompió públicamente con el Palacio del Planalto, la sede gubernamental, con la expectativa de arriar al resto de su gigantesco partido. Pero esta agrupación, que lidera el vicepresidente del país Michel Temer, no lo acompañó. Lo que desató su furia, un par de meses atrás, fue la difusión del listado de políticos involucrados en la corrupción de la petrolera estatal. Creyó que se trataba de una maniobra del gobierno federal para sacarlo del medio. A partir de ese momento, pasó a actuar en conjunto con los sectores de la oposición, especialmente los socialdemócratas (PSDB), el partido del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
Fue en ese contexto que inició una serie de movimiento destinados a la destitución de la jefa de Estado. Aceptó una decena de pedidos de juicio político contra Rousseff que habían presentado distintos diputados de sectores adversarios a la presidenta. Otro de sus manejos fue dar lugar a una supuesta denuncia del Tribunal de Cuentas de la Unión (el TCU, organismo federal independiente) sobre “irregularidades” fiscales que habría cometido Rousseff en su primer mandato.
Cunha garantizó a los miembros del TCU que, si estos procedían a dictaminar que existieron “anomalías”, sería tratado de inmediato en Diputados, con el riesgo que implicaba para la presidenta de ir a un “impedimento” (impeachment). Pero el diputado se topó con dos problemas: el titular del Senado, Renán Calheiros, también del PMDB, le avisó que no iría a acompañarlo en la aventura; y el procurador general Janot no se asustó ante las amenazas mafiosas del parlamentario.
La acusación de la fiscalía general no implica que Cunha sea culpable. Le toca a la Corte Suprema decidir si el proceso sigue su curso o es archivado. Es altamente probable que el tribunal supremo opte por aceptar la denuncia de Janot. En ese caso, Cunha pasa a ser juzgado en esa instancia. No significa esto que se vea obligado a dejar la presidencia de Diputados o, incluso, a renunciar como parlamentario. Eso va a depender de cuánto tiempo más dure el respaldo de la oposición y de aquellos sectores de congresistas que se vieron beneficiados durante el reinado de este político. Para los opositores, Cunha era la vía más rápida para destituir a Dilma. Por eso intentaron preservarlo de las acusaciones de corrupción que ya eran públicas. Pero en adelante difícilmente continúen con el apoyo al político en desgracia. No les conviene públicamente mostrarse asociados a un personaje vinculado a los casos de coimas de Petrobras. En la práctica, con esta acusación formal el parlamentario perdió la chance moral de cuestionar al gobierno de Rousseff, por la vía y los motivos que sean.
