Bajar subsidios complica la meta de inflación
La suba de tarifas prevista irá directamente a los precios. Más trabajo para el Banco Central.
En el proyecto de Presupuesto 2018 el Gobierno señala que seguirá con la reducción de los subsidios económicos que, como plantea la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto), “son la contraparte de la suba de tarifas en los servicios públicos implementada desde el año 2016, principalmente en relación al suministro eléctrico, de gas natural y de agua potable (este último, en el área metropolitana”.
Como ya se puso en evidencia durante estos casi dos años, el impacto sobre la inflación no es menor. Con relación a un año atrás, en septiembre, el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles —en gran parte, por el impacto tarifario—tuvieron un alza del 46,3 %, casi el doble del 24,2% promedio, según los registros del INDEC para Capital y GBA.
La consultora Ecolatina señala que “en 2018, los aumentos de tarifas volverán a impulsar la inflación por encima de la meta oficial (con un techo de 12%). El desmantelamiento del atraso tarifario continuará siendo el principal factor que explique el desvío de las expectativas oficiales de inflación en 2018. Teniendo en cuenta la trayectoria del tipo de cambio, las tarifas públicas y los salarios de la economía, proyectamos una inflación en torno al 17% anual para el próximo año (cercana al 15,8% del Relevamiento de Expectativas de Mercado, REM)”.
Ecolatina agrega: “Si esto sucede se incumplirá nuevamente con la meta del BCRA, cuyas proyecciones en materia de precios se cumplen con 1 año de delay: este año se cumplirá con la proyección oficial de inflación del año pasado (20-25%), y recién en 2018 la prevista por la autoridad para este año (12-17%)”. No obstante, y “pese a que el año que viene se volvería a incumplir la meta, se debe rescatar que el desvío de la meta será menor que el de este año, y por otro lado, que se consolidarían dos años consecutivos de inflación decreciente, rompiendo con la dinámica de la última década”.
El Proyecto prevé un gasto de aproximadamente $224.400 millones en transferencias de carácter económico para el financiamiento de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, un 7 % menos que las asignaciones vigentes para 2017 y un 11,1% menos que lo previsto inicialmente en la Ley de Presupuesto 2017.
ASAP agrega que estas asignaciones constituyen el 1,8% del PBI proyectado por el Gobierno para 2018. La reducción del gasto en transferencias de carácter económico, en términos de producto, es equivalente a la mitad del objetivo de reducción de déficit primario anunciado por el Gobierno (del orden de 1% del PBI)”.
De los $224.400 millones, un total de $184.754 millones son subsidios para gastos corrientes —un 3,6% menos que los vigentes para 2017— y $39.633 millones para gastos de capital.
De estos montos, se destacan en primer lugar las asignaciones del sector energético, que alcanzan cerca de $103.300 millones(0,8% del PBI), una suma 15,1% inferior a la estimada para este año.
En segundo lugar, las asignaciones corrientes al transporte, que suman cerca de $72.280 millones (0,6% del PBI), un 17,5% más que lo previsto para el corriente año (también en el orden del 0,6% del PBI). ASAP aclara que las mayores partidas son las destinadas al transporte automotor y ferroviario, mientras que, a diferencia de años anteriores, para 2018 no se prevén subsidios al transporte aerocomercial, sino aportes de capital por $1.800 millones a favor de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur.
En tercer lugar, se prevén transferencias para gastos de funcionamiento de otras empresas públicas por algo más de $6.970 millones, un 31% más que lo presupuestado para este año, principalmente por las mayores asignaciones para Correo Argentino , y en menor medida para Radio y Televisión Argentina, TELAM y otras empresas. También se contemplan $814 millones para el sector agropecuario (incluida la agroindustria), un 49,2% menos que lo previsto para este año, y $1.340 millones para el sector industrial, un 16,8% menos que lo contemplado para 2017.