Se posterga la definición con los fondos buitre
La Argentina no enviará esta semana una delegación a Nueva York para seguir negociando con el mediador designado por el juez Thomas Griesa en la causa que ya ganaron los holdouts, a la espera de una respuesta sobre la posibilidad de reinstalar una medida cautelar que evite un default el 30 de este mes. Fuentes oficiales indicaron ayer a LA NACION que no está previsto el viaje de funcionarios del equipo económico a Nueva York en los próximos días para reunirse con Dan Pollack, quien cobrará 225.000 dólares por esta tarea de mediación.
Mientras tanto, el ministro Axel Kicillof viajará esta tarde a Brasil para participar de la reunión de los Brics- Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- con la Unasur, en la que participará la presidenta Cristina Kirchner. Luego, el ministro volverá a Buenos Aires para recibir al presidente chino, Xi Jinping, quien llegará al país el viernes por la noche.
De este modo, aunque en Economía admiten preocupación porque va corriendo el tiempo hasta el 30 de julio -fehca en la que el Gobierno debe pagar el vencimiento del bono Discount por US$ 539 millones para no caer en default- afirman que ahora la "pelota" está del lado del juez y de los demandantes que ganaron el caso del pari passu.
"La Argentina está esperando una respuesta en torno del stay por parte de los fondos buitre y de Griesa", el juez del caso, que ayer regresó de sus vacaciones de verano de su rancho en el estado de Montana.
Esto implica que debería haber algún movimiento del otro lado, luego de que "el Gobierno explicara el viernes pasado a Pollack por qué pedía el stay y cuál era la consecuencia de la activación de la cláusula RUFO", que obligaría al país a pagarles a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 lo mismo que a los holdouts.
Eugenio Bruno, abogado especialista en temas de deuda soberana del estudio Garrido, dijo a LA NACION que "con un plan global y una hoja de ruta para resolver los limitantes de la cláusula RUFO, la situacion se arreglaría y se bajarían los riesgos" legales.
Sin embargo, varios ex funcionarios de Economía reunidos días trás expresaron que "aunque la RUFO no se va a disparar por una orden judicial, es difícil que un funcionario quiera firmar un acuerdo luego de la experiencia del megacanje", que derivó en una cauda judicial que ya lleva una década. Esto se debe a que la RUFO podría aumentar en forma notable la deuda para el país.
A la vez, en el Palacio de Hacienda aclararon que la posibilidad de un default desde el 1° de agosto preocupa y que "de ningún modo" el Gobierno quisiera caer nuevamente en cesación de pagos, debido a las consecuencias que tendría esa acción sobre las principales variables de la economía doméstica.
Esto no significa, como trascendió en algunas notas periodísticas, que ya esté definido el bono con el que se les pagaría a los fondos buitre, trascendidos que justificaron como parte de la "especulación" de un mercado que está muy jugado a que la Argentina arregle. "Acá nadie quiere escuchar ninguna noticia negativa", comentó un experimentado analista desde Wall Street.
La desesperación de los bonistas por entrar a comprar deuda argentina -pese a que ayer hubo una caída en los bonos con ley Nueva York- no se detiene ni siquiera cuando los analistas les hablan de los riesgos de un default ni de los problemas más profundos del Gobierno.
En tanto, ayer se conoció una carta del estudio jurídico Bingham McCutchen, de Nueva York, que está reclutando holdouts que no tengan un fallo firme, para formar un grupo ad hoc y sumarse a la negociación con la Argentina para reclamar el mismo trato de aquellos que ganaron el caso. Si bien no trascendió cuánto pedirán, se supo que estos bonistas creen que puede haber un rápido acuerdo si hubiera una negociación cara a cara entre la Argentina y el grupo de holdouts liderado por NML, tal como ocurrió con el Club de París. Por cuerda separada, siguen sus propias demandas los fondos buitre Dart y NML (que tiene otros US$ 2000 millones pendientes de cobrar) y más de una decena de acciones de clase de inversores minoristas.
Fuente. La Nacion