Jaque a las SAS internacionalizadas

En los últimos días algunos bancos comerciales cercenaron las operaciones de comercio exterior de las Sociedades por Acciones Simplificadas. Esta nueva figura jurídica fue creada en 2017 por Ley Nacional 27349, de Apoyo al Capital Emprendedor. Se trata de un tipo societario de constitución más simple que una S.A, que puede ser formada por una o varias personas humanas o jurídicas, y en el que la responsabilidad de los socios se limita a sus acciones.

Por CPN Diego Dumont


Justamente la creación de la SAS en Argentina se enmarca en una Ley que busca fomentar la actividad emprendedora y su expansión internacional, y proviene de una tendencia internacional que surgió en Francia en 1994 y fue replicándose en el mundo con diferentes particularidades al adaptarse con flexibilidad a las necesidades de los empresarios.
Una arista importante es que las libertades concedidas potencialmente pueden asociarse a actividades ilícitas, o lavado de dinero, por ejemplo, algo que no se desconoce y por lo que el Estado debe velar. Sin embargo, recientemente asistimos a un avasallamiento por parte de algunos bancos sobre empresas con actividades legales a las que se les impide o dificulta enormemente operar, por ejemplo, girando fondos al exterior para la compra de insumos, teniendo toda la documentación en regla que responde a una actividad perfectamente lícita. De hecho, según la ley de creación, las entidades financieras para apertura una cuenta a una SAS deben requerir “únicamente la presentación del instrumento constitutivo debidamente inscripto y constancia de obtención de la CUIT”, mientras que, sin embargo, en muchos casos se pide además antigüedad mínima de un tiempo determinado y otros requisitos que desalientan su actividad.
Si nos cortamos un dedo, se cura la herida, no se amputa. Si alguna SAS (como una SA, una SRL o una sociedad de hecho) se dedicara a actividades ilegales, la Ley debe penar su comportamiento, pero no podemos atacar a todas las SAS. Más cuando Argentina necesita imperiosamente generar nuevas empresas exportadoras nacionales (hoy, más del 90% de las exportaciones argentinas es realizado por grandes empresas que representan alrededor del 8% del padrón exportador y son mayormente de capital extranjero). También este padrón que tenía cerca de diez mil empresas exportadoras hace menos de diez años se redujo a casi la mitad en los últimos tiempos.
Es importante crear condiciones favorables al surgimiento de nuevas empresas que generen trabajo y divisas genuinas. Argentina es después del pequeño país africano de Comoras, el de mayor presión tributaria sobre las utilidades de las pymes (106%, cuando el promedio mundial es 40,5%). Entonces, de cada 100 dólares que gana un empresario argentino, 106 debe pagarle al Estado, preocupante.
Asimismo, el Banco Mundial publica el informe Doing Business que analiza las condiciones para realizar negocios en los diferentes países. Nuestro país se encuentra en el puesto 126 entre 190 países, por debajo de Senega, Eswatini, Gana, Uganda, Yibuti y Malawi, por ejemplo; y de casi todos los países sudamericanos (salvo Venezuela y Ecuador).
Vivimos en un país en el que los pocos que trabajan afrontan una alta presión tributaria, y asimismo, cuenta con una pobreza que ya supera el 40%. Con este panorama, la destrucción de la actividad privada en todas sus formas no hace más que agravar el problema. Debemos defender a la empresa, sobre todo a la pyme, y a los nuevos empresarios, ya que es la producción el único camino posible para salir adelante.