«Tenemos que asumir que estamos frente a una situación de emergencia»

“La crisis social y económica es manifiesta, aunque algunos la nieguen”, expresó el ministro de Economía. Esperan que el mes próximo se conozcan los resultados de la auditoría que está haciendo la AGN sobre las cuentas de la provincia.

El ministro de Economía, Walter Agosto, enfatizó que la situación de emergencia social, económica y laboral en la que está la provincia requiere los instrumentos necesarios para superarla, estimó que el déficit de las cuentas de 2019 rondará los 15 mil millones de pesos, reiteró que las deudas de corto plazo que deberá afrontar la provincia superan los 22 mil millones de pesos y explicó que en enero no les quedó otra alternativa que extender el cronograma de pagos de los salarios de la administración pública, porque los intereses que se cobran por financiamiento bancario son impagables.

“Santa Fe no es una isla. la crisis económica y social de la provincia es manifiesta, aunque algunos se empeñen en negarla, y puede corroborarse observando algunos indicadores. Según el IPEC, la caída de la actividad económica en 2019 fue del 3,6%, la industria se retrajo 6% en los dos últimos años, y la inflación fue del 53% en 2019 y acumula una suba del 283% en los últimos 4 años, lo que es altísimo y erosiona los ingresos, principalmente los fijos, que son los que perciben las familias asalariadas y de menores recursos. Ni hablar de los ingresos del 31% de santafesinos que trabajan en la informalidad y carecen de poder de negociación”, pone en contexto.

“Esta situación – continuó el ministro – impacta con mucha fuerza en las condiciones de vida de los santafesinos y se refleja claramente en el aumento de la pobreza. Mientras en el país se habla de índices de pobreza que rondan el 40%, en Santa Fe el 38% de las personas está en esa situación y en Rosario el 36%. En ambos casos, se ha incrementado 9 puntos porcentuales en los últimos 3 años”.

Emergencia y déficit

-Desde que asumieron, el gobernador y sus funcionarios vienen hablando de una situación financiera muy complicada y delicada. ¿Cuáles son los números de la provincia que han relevado?

-Estamos atravesando claramente por una situación de emergencia: el déficit fiscal superará los 15.000 millones de pesos en 2019, sin computar deudas no registradas de monto incierto que aún se están relevando. Además, el stock de deudas vencidas y exigibles en el cortísimo plazo trepa a 22.000 millones de pesos. Estas deudas, a las que se las llama flotantes, no son abstractas, se relacionan directamente con la capacidad del estado provincial para prestar sus servicios esenciales de manera adecuada.

– ¿A quién le debe tanta plata la provincia?

-Hospitales y samcos deben 1.535 millones de pesos, que en algunos casos datan de mayo del año pasado. Compraron insumos de diversa naturaleza y no los pagaron. También se deben 3.094 millones de pesos a contratistas de obras relevadas por el área de Infraestructura. Hay certificados impagos que son de julio de 2019, lo que indica que el plan de trabajos públicos está virtualmente paralizado desde hace meses. En este rubro, además, hay que incluir otros 500 millones de pesos que no cuentan con partidas presupuestarias. Por otra parte, la Caja de Jubilaciones cerró el año con un déficit proyectado del orden de 13.000 millones de pesos, más de tres veces superior a los 3.868 millones de pesos de financiamiento recibido en 2019 por parte del Estado nacional.

– ¿El financiamiento del gobierno nacional para el sistema previsional es el que corresponde o está atrasado?

-El gobierno nacional lo ha financiado hasta el mes de octubre. No pagó noviembre ni diciembre. Igualmente, lo que quiero plantear es una idea de magnitud. Si hubiera pagado todo estaríamos hablando de un total de 4500 millones de pesos. Pero insisto, el déficit de la Caja de Jubilaciones es de 13 mil millones de pesos.

Sin reservas

-También se dejó trascender que habría importantes deudas de la EPE y Aguas.

-La EPE tenía deudas con Camesa por 4.700 millones de pesos. 2.000 millones correspondían a facturas no pagadas de junio y agosto del año pasado que se renegociaron, trasladando el vencimiento a la actual gestión – 27 de diciembre-, lo que generó un costo financiero adicional de 600 millones de pesos de intereses. En tanto 2.100 millones correspondían a otra factura impaga con vencimiento al 9 de diciembre, que obviamente va a haber que afrontar. Por su parte Assa tiene un déficit de 2.100 millones de pesos anuales, de los cuales 1.000 millones es déficit corriente, es decir que no se cubren los gastos de operación y los 1.100 restantes es déficit de capital.

– ¿Como van a afrontar el pago de estas deudas?

-La provincia no cuenta con fuentes de financiamiento alternativas para hacer frente a estas obligaciones, ni tiene los instrumentos, algunos de los cuales se habían pedido en el proyecto de ley de Emergencia. Básicamente para recomponer el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, que le permitiría financiarse transitoriamente en condiciones razonables ante situaciones de emergencia o dificultad. Cuando asumimos, este fondo se había usado en su totalidad: ascendía a 15.200 millones de pesos y se habían utilizado al 11 de diciembre 14.550 millones de pesos, quedando sólo disponibles 750 millones para hacer frente a la política salarial total de diciembre, que con aguinaldo ascendió a 23.000 millones. Por eso en la ley de Emergencia se pedía una autorización para endeudarse de 15.000 millones de pesos, para recomponer el FUCO, que es lo que permitiría hacer frente a la política salarial sin sobresaltos. No resulta posible pagar salarios, jubilaciones y el resto de las obligaciones del Estado provincial solicitando diariamente adelantos transitorios al agente financiero de la provincia, porque tiene un costo de financiamiento muy elevado. En 2019 se pagaron por estos adelantos intereses por 100 millones de pesos, que hubieran permitido pagar un mes y medio más de la tarjeta única de ciudadanía. En este marco tenemos que entender la disposición del cronograma de pagos para el mes de enero, que es más extendido que el habitual, pero que tiene que ver estrictamente con este punto. la provincia está pagando los salarios con fondos propios, que son los que ingresan de la recaudación.

Las acreencias con la Nación

-Hay deudas del gobierno nacional con el Estado provincial ¿iniciaron ya negociaciones para cobrarlas? y de haberlo hecho ¿en qué situación están?

– Se ha hablado de muchas acreencias que tendría la provincia y que es necesario precisar. En la deuda vinculada a la devolución del 15 por ciento que se detraía para Anses y que la Corte ordenó devolver a Santa Fe, Córdoba y San Luis, solo Córdoba llegó a un acuerdo con el gobierno nacional. Santa Fe presentó una liquidación que fue impugnada por el gobierno nacional y hoy está en la Corte Suprema. de manera que ni siquiera sabemos cuál es el monto cierto de esa acreencia. En según termino, está la deuda vinculada a la Caja de Jubilaciones. el gobierno anterior decía que la Nación le debía en 2019 a la provincia algo más de 5 mil millones de pesos, pero resulta que esa deuda no está conformada, nunca estuvo acordada con Anses y con lo que nos encontramos es que esa deuda según Anses es de 3.200 millones de pesos. Ahí hay una diferencia de más o menos 2500 millones que estamos viendo de donde salió.

-También están las deudas por IVA y Ganancias del año pasado.

-Respecto a la deuda de IVA y Ganancias, cuando se eliminó el IVA a algunos alimentos y se subió el mínimo no imponible muchas provincias hicieron presentaciones judiciales, incluida Santa Fe. la Corte dispuso que el gobierno nacional debía compensar a las provincias. Esa compensación se hizo adecuadamente para la provincia de Santa Fe en el caso del IVA. En el mes de octubre en la Comisión Federal de Impuestos se observó que la Nación estaba pagando la compensación de IVA, pero no la de Ganancias. Esta es una suma de 2 mil millones de pesos en favor de la provincia, que se va a empezar a tratar en el marco de la firma de la adenda que suspende el Consenso Fiscal. y establece que esa deuda se va a tratar en el marco de una comisión por la cual mientras se trate se suspenden las acciones judiciales.

– ¿Por qué la provincia tiene las fuentes de financiamiento cerradas, si es una de las menos endeudadas?

– Cuando hay un abrupto corte del crédito como tuvo Argentina, tanto para los estados nacional y provinciales como para las empresas de primera línea, es como si no existiera esa posibilidad. Hay un riesgo soberano muy importante y un riesgo país que ronda los 2000 puntos. Cuando los mercados voluntarios de crédito se vayan normalizando -y esperemos que eso ocurra-; fundamentalmente cuando el gobierno nacional avance en el reperfilamiento de la deuda, será un atributo que la provincia podría utilizar para financiarse a menores costos. Por el momento los mercados están cerrados. Recién la semana pasada el gobierno colocó una letra en pesos en el mercado, pero nos parece que todavía tiene que transcurrir un tiempo para que la tasa de interés se acomode y baje más, porque si no el financiamiento que uno toma se torna no sostenible por el costo financiero que impone.

– ¿Tienen los instrumentos para renegociar con contratistas o proveedores las deudas?

-Una parte está en algunas normas del presupuesto del 2020, pero otra parte estaba en el proyecto de Emergencia, donde planteamos una serie de herramientas que tenían como exclusivo objetivo poder atender la situación de excepción que mencionaba anteriormente. el déficit fiscal y el cúmulo de deudas que no están reprogramadas y convenidas, requiere de estos instrumentos para poder viabilizar esta situación. Escuché hablar insólitamente de que en esa ley se pedían superpoderes, en alusión a modificaciones presupuestarias. Quiero aclarar este tema: en el presupuesto vigente para 2020 se establece que el gobierno puede pasar gastos de capital a corrientes con un límite del 40 por ciento, no todos. y de este 40% quedan excluidos los fondos que se envían a municipios y comunas y a instituciones de la sociedad civil para que hagan obras. En la de Emergencia se planteó flexibilizar ésto, porque lo único que la provincia puede hacer en este momento es pasar partidas de gasto de capital a gasto corriente por el equivalente al 2,5% del total del presupuesto. Lo que se solicitó era poder exceptuar de ese límite a las erogaciones vinculadas a la emergencia en salud y acción social. Solo para esos casos y por un tiempo determinado. Pero los diputados de la oposición rechazaron la iniciativa para obstruir el accionar del gobierno provincial rehuyendo al debate, porque no cuentan con argumentos sólidos para sostenerlo.

Amplia moratoria

El gobierno provincial promulgó la Ley Impositiva, que contiene el régimen de regularización tributaria. En los próximos días se reglamentará, pero el ministro Agosto anticipó que se trata de una amplia moratoria que permitirá ponerse al día en todos los impuestos provinciales. “Habrá descuentos de hasta el 70 por ciento en caso de cancelar la deuda al contado y los pagos con financiación podrán extenderse hasta 36 meses con una tasa de interés que será de entre el 1,5 y el 2 por ciento mensual, de acuerdo a los plazos que se tomen y que en el gobierno consideramos acorde a la situación económica del país”, explicó. El régimen de regularización tributaria abarca todos los impuestos y tasas provinciales impagas hasta el 30 de noviembre: Impuesto sobre los Ingresos Brutos; Inmobiliario Rural, Urbano (incluye las mejoras No declaradas) y Suburbano y Rural; Impuesto de Sellos; Contribución de Mejoras; Impuestos a las actividades Hípicas- Ley Nº 5.317; Patente Única sobre Vehículos; Tasa Retributiva de Servicios; Aportes al Instituto Becario; Impuesto sobre las Embarcaciones Deportivas o de Recreación e Impuesto especial previsto en el artículo 2 de la ley 13.582 (esto es la adhesión de la provincia al blanqueo de capitales). Para adherir será necesario estar al día en el pago de los impuestos, desde el 30 de noviembre y hasta la fecha de adhesión al nuevo régimen. Quienes estén al día los años 2018 y 2019 tendrán un descuento del 10 por ciento del inmobiliario en 2020. En el gobierno esperan tener una importante adhesión ya que el grado de cobrabilidad en el año 2019 fue del 60 por ciento para el Impuesto inmobiliario urbano y del 69 por ciento para el Impuesto inmobiliario rural. “La situación de emergencia que planteamos es incontrastable y en este marco se requieren instrumentos adicionales que permitan atender en tiempo a los sectores más vulnerables, más allá que algunos no quieran verla o se nieguen a reconocerla”.