Superávit y déficit: Fortalezas y alertas en los números de la transición
Cristina recortaba ilegalmente 15 % de la coparticipación; la Corte ordenó la restitución a Santa Fe, pero la recesión económica se “comió” el recurso. Ingresos Brutos hizo crecer la presión fiscal, aunque en menor medida que en otras provincias. Y los gastos no bajan.
Por Ignacio Hintermeister
El “ahorro corriente” de la provincia fue de más de $ 23 mil millones en 2018. El ministro Gonzalo Saglione señaló que la plata “no se guardó en una caja” sino que se volcó a obras públicas. En medio de la campaña electoral, las paritarias arrancaron con una advertencia sobre lo complicado de sostener la cláusula gatillo, pero los acuerdos la incluyeron. Y las cuentas santafesinas se pusieron en rojo por $ 2.400 millones en el primer bimestre.
Si bien la recaudación impositiva creció en el primer trimestre del año un 40 %, la financiación del 55 % revela que en términos reales hubo menos recursos, y más gastos. Mientras la escena política santafesina se apresta a la transición y abre el debate sobre las cuentas públicas, los números revelan un cuadro de situación en el que la Casa Gris puede exhibir mejoras ante sus pares, sin que ello suponga estar a salvo de la crisis macroeconómica nacional.
Un informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa fe reveló que “a pesar de derogarse la detracción del 15 %, por el fallo de la CSJN (desde principios de 2016), los fondos provenientes de coparticipación nacional mantuvieron una evolución concomitante con el ciclo económico, lo cual implica una importante alerta en el contexto actual de recesión de la actividad económica provincial. “Paralelamente, en los primeros tres meses de 2019 no se registra en las cuentas públicas de la provincia un ajuste del gasto público provincial total. Esto, sumado a lo anterior, explica que la situación financiera de la provincia se encuentre comprometida”, explica el informe del equipo de investigadores encabezado por la licenciada María Lucrecia D’Jorge y el Mg. Pedro P. Cohan. Ratifica el documento que “durante el quinto mes de 2019 la recaudación nacional creció un 50,4%, lo que no alcanza para compensar el nivel de financiación. En particular el impuesto a las Ganancias mostró un crecimiento del
68,9%, mientras que para IVA fue sólo del 49,0%. Es decir que la coparticipación de impuestos nacionales se mantendrá a la baja por el momento, en términos reales”.
El documento del CES analiza “el comportamiento fiscal en medio de dos recesiones, en el período 2015-2019”. Señala que la recaudación de impuestos propios representa el 36,0% de los recursos tributarios de la provincia de Santa Fe, y dentro de esa categoría, el 73% corresponde a Ingresos Brutos. Los de origen nacional que se coparticipan representan el 64%.
“En las últimas dos recesiones de la provincia, las series correspondientes a la recaudación por Impuesto sobre los Ingresos Brutos y los recursos de origen provincial no demuestran un comportamiento netamente procíclico”, refiere el informe. En otras palabras, si se recaudó más en impuestos provinciales en tiempos de recesión, es porque creció la presión fiscal. Saglione ha explicado de todas maneras que Santa Fe tiene la menor presión fiscal en términos de Producto Bruto Geográfico: 4,9 % en Santa Fe, 5 % en Córdoba, 5,3 % en Mendoza, 6,1 % en Buenos Aires, 6,2 % en Capital Federal y 6,6 % en Entre Ríos. Además, de los últimos pactos fiscales, la administración Lifschitz armó a la baja el compromiso respecto de Ingresos Brutos y no suscribió la segunda etapa de ese acuerdo, en la que la mayoría de sus pares -peronistas y Cambiemos- suspendió esa reducción.
Federales y propios
“Los recursos tributarios de origen provincial representan el 36,0% de los recursos totales. Por su parte, el 73,0 % de estos recursos provinciales corresponden a lo recaudado por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, señala el análisis del CES/Bolsa de Comercio de Santa Fe. La proporción revela por qué los gobernadores son reticentes a bajar el gravamen. El CES reveló además que crecen los recursos de libre disponibilidad desde la coparticipación nacional; por contraste se infiere que bajan el Fondo Soja o los aportes de Anses en el distrito, que son flujos con destino específico predeterminado.
Ganancias e IVA
El análisis del CES expone que “el 84,4% de los fondos coparticipados a la provincia de Santa Fe provienen de dos impuestos: Impuesto a las Ganancias (37,2%) e Impuesto al Valor Agregado (47,2%). Durante el período analizado, la participación del Impuesto a las Ganancias se mantuvo en torno a su valor promedio, mientras que la participación correspondiente a IVA pasó de 37,6% a 57,3%.
La gran acreencia
La provincia tiene por cobrar unos $ 80 mil millones al gobierno nacional, según la actualización “coloquial” que ensayó Miguel Lifschitz en una entrevista a El Litoral. Omar Perotti puede hacer contabilidad con ese saldo a favor; pero su gestión requerirá de la efectiva cobranza, que dependerá de un escenario nacional restringido y de decisiones políticas de un presidente cuyo nombre y signo político abren interrogantes. Fernández sería del mismo
partido, pero fue Cristina la que hizo el descuento ilegal. Macri reconoce la deuda, pero nunca la pagó. 10,2 % cayó en términos reales la recaudación de Ingresos Brutos en las provincias en el primer cuatrimestre. Con
mejor desempeño relativo, en Santa Fe la baja fue de 2,4 % y en Córdoba del 5,2% según cálculos del Iaraf.
Deuda más baja y barata
El ministro Saglione expuso en un reciente informe ante empresarios reunidos en la Asociación Dirigentes de Empresa, que el stock de deuda de Santa Fe -a 2018- alcanzó el equivalente al 1,99 % de su Producto Bruto Geográfico. Es el más bajo entre los grandes distritos, si se compara con el 3,86 % de la poderosa ciudad de Buenos Aires, el 8,57 % de la “equivalente” Córdoba, el 8,74 % de Mendoza, el 9,32 % de Entre Ríos y el 10,09 % de
Buenos Aires. La Constitución Provincial marca en su Art. 55 inciso 12, que las deudas no pueden comprometer más del 25 % de la renta provincial; en la actualidad ese nivel es del 0,98 %, no muy superior al 0,85 % de 2012. En términos especulativos, eso supone que a la gestión Perotti le quedaría una alta capacidad para nueva deuda, aunque eso dependerá de una Legislatura adversa en Diputados. Se invirtieron los términos de la gestión de Lifschitz.
Por otra parte, el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley 25.917) establece que el servicio de la deuda no debe superar el 15 % de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. Una vez más el parámetro santafesino (siempre a 2018), alcanzó el 1,01 %, lo que exhibe un sobrecumplimiento y una vez más, capacidad -al menos legal- de pagar más deuda. Con 6.95 % promedio, Santa Fe paga además las tasas más bajas por su deuda según el ministro Saglione. Córdoba se endeudó al 7,22%, Buenos Aires al 7,62 % y la ciudad de Buenos Aires al 7,63 %.
El PJ prepara sus equipos
El gobernador electo Omar Perotti armó el equipo de transición que intentará conocer la situación en la que el Socialismo deja la administración provincial, después de doce años de gestión. En rigor, serán dos grupos, uno político y el otro más bien de perfil técnico. En el primero estarán -por ahora- los diputados Roberto Mirabella y Leandro Busatto, y los senadores Armando Traferri y Alcides Calvo. En el segundo, Rubén Mizlig -ex ministro Coordinador durante la última gestión de Jorge Obeid-, y otros funcionarios de carrera de procedencia peronista. Según pudo saber El Litoral, esta semana pretenden concretar el primer encuentro que, por el lado de la actual gestión, encontrará con seguridad a los ministros de Gobierno, Pablo Farías; y de Economía, Gonzalo Saglione.
Abstenerse
Una de las ideas que se madura en el equipo de transición es solicitarle al gobernador actual se abstenga de tomar determinadas decisiones que puedan comprometer el patrimonio de los santafesinos. Se mencionan como ejemplo varias licitaciones en curso para la ejecución de obras y la posible incorporación de personal a la planta permanente del estado. Este último es uno de los puntos más sensibles. Allí, confluye un reclamo de los gremios estatales -de extracción peronista- ya formulado al Poder Ejecutivo para efectivizar a unos tres mil agentes precarizados, y el “presunto intento oficial” -eso temen los peronistas- de nombramientos de personal que ingresó a la carrera administrativa con altas categorías.
En términos generales, el PJ tiene la percepción de una situación administrativa sin excesos ni crítica, aunque ya se dejan trascender algunas decisiones de Perotti que pasarían por una reducción del gasto político y la disolución de los denominados “nodos”.
En términos particulares, sin embargo, hay aspectos que preocupan; algunos, habían sido motivo de fuertes cuestionamientos del peronismo como oposición, como el fin de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario. ¿Qué pasó con ese contrato que se rescindió sin ejecución de garantías y que según el propio PJ habría redundado para la provincia en una pérdida de 1500 millones de pesos?
La nueva gestión también quiere indagar sobre los vínculos que el gobierno del Frente Progresista ha entablado en los últimos años con el Banco Municipal de Rosario, administrador -precisamente- del fideicomiso para el corredor entre Santa Fe y Rosario-, y responsable de la bancarización de la Tarjeta Única de Ciudadanía.